Debido a las continuas consultas presentadas en el Colegio en materia de vacunación antirrábica y los dos últimos casos graves de rabia con el fallecimiento de un hombre en Vizcaya y la muerte de un perro en Melilla los pasados días, os recordamos el artículo publicado en la revista Andalucía Veterinaria por la Asesoría Jurídica del CACOV y en el cual analizan cual ha de ser la pauta temporal de vacunación antirrábica a seguir para el correcto cumplimiento de la normativa vigente en Andalucía sobre esta materia.

Dejamos para más adelante el estudio de otros aspectos tales como las obligaciones formales a cumplimentar fundamentalmente por el profesional veterinario actuante, y que, por su importancia, merecen capítulo aparte; así como la incidencia, por posible conflicto normativo, que en nuestro territorio tiene la aplicación de la vigente normativa UE reguladora de los desplazamientos de animales de compañía (que en ciertos aspectos se cita en este estudio).

Debe advertirse que el tema será tratado desde una perspectiva jurídica – sin perjuicio de incluir alusiones a las cuestiones clínicas que sean precisas, como criterio interpretativo útil para aclarar aspectos que suscitan dudas – pues no debe olvidarse que la vacunación antirrábica, además de medida sanitaria, viene configurada normativamente como obligación administrativa que incumbe a los propietarios de determinadas especies animales.

Por tanto, la opinión aquí vertida está únicamente encaminada a establecer un criterio jurídico válido que determine la periodicidad con que ha de llevarse a efecto el cumplimiento de dicha obligación, teniendo en cuenta además que su inobservancia constituye una infracción administrativa susceptible de sanción.

Normativa aplicable

Citamos en primer lugar la normativa aplicable, tanto la relativa a la obligación de vacunación en sí, como la que tipifica como infracción administrativa su incumplimiento:

• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales

Artículo 8 Medidas sanitarias
1. Las Consejerías competentes en materia de sanidad animal o salud pública podrán adoptar las siguientes medidas:
a) Determinar la vacunación o tratamiento obligatorio de los animales de compañía.
b) El internamiento o aislamiento de los animales a los que se les hubiese diagnosticado una enfermedad transmisible para su tratamiento curativo o su sacrificio, si fuere necesario.
2. La vacunación antirrábica será obligatoria para todos los perros y gatos. Reglamentariamente se establecerá la periodicidad de la misma.

Artículo 39 Infracciones graves
Son infracciones graves:
(….)
b) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.

Artículo 41. Sanciones

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
• a) 75 a 500 euros para las leves.
• b) 501 a 2.000 euros para las graves.
• c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.

• Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los datos para su identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Artículo 3 Tratamientos obligatorios de los animales de compañía
1. Vacunación Antirrábica.
a) Será obligatoria la vacunación antirrábica de los perros, gatos y hurones debiéndose efectuar la primera vacunación a partir de los tres meses de edad de los animales. Igualmente deberán ser revacunados a los treinta días posteriores a la primera. Anualmente deberá realizarse una revacunación.
Artículo 10 Infracciones y sanciones
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Orden será sancionado de conformidad con lo establecido en el Título V de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, siendo:
(..…)

b) Son infracciones graves:
1.º De acuerdo con el artículo 39.b) de la Ley, no realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios dispuestos en el artículo 3 de esta Orden.

Interpretación de la norma aplicable: La obligación administrativa de vacunación antirrábica.

Como puede comprobarse la vacunación antirrábica se configura como una obligación administrativa de carácter general establecida por una norma con rango de Ley y que, aunque referida de manera específica a perros y gatos en el artículo 8.2 de la Ley 11/2003, la Orden de 19 de abril de 2010 amplía a los hurones, en uso de la habilitación normativa contenida en el apartado 1 del citado artículo 8.

La periodicidad con que dicha vacunación debe administrarse, viene establecida por la letra a) del artículo 3 de la Orden, que se ha transcrito.

Como puede comprobarse, la norma (hablamos de su tenor literal) prescinde de cualquier criterio clínico para fijar la periodicidad de vacunación, estableciendo para ello un criterio estrictamente temporal o de plazos.

(NOTA: Teniendo en cuenta la condición de territorio fronterizo con zonas de alto riesgo de rabia de nuestra comunidad autónoma, es claro que la intención que la autoridad sanitaria refleja en la norma es la de establecer una pauta vacunal basada en un criterio estrictamente objetivo, que garantice un alto nivel de inmunidad en las especies de destino).

Como puede comprobarse, el precepto regula dos aspectos claramente diferenciados y que analizamos por separado:

• Primovacunación.
• Revacunación periódica.

a. Primovacunación:

Según el artículo 3.1 a), el protocolo de primovacunación a seguir ha de ser el siguiente:

“Será obligatoria la vacunación antirrábica de los perros, gatos y hurones debiéndose efectuar la primera vacunación a partir de los tres meses de edad de los animales. Igualmente deberán ser revacunados a los treinta días posteriores a la primera…”

Ante la claridad de la norma, poco puede añadirse al respecto, pero aun así debemos tener en cuenta dos cuestiones:

• No debe olvidarse que la primera vacuna debe administrase cuando el animal ha cumplido los tres meses de edad, nunca antes.

• En cuanto al plazo temporal que ha de transcurrir entre la primera y segunda dosis, la cuestión estriba en determinar la posible flexibilidad admisible en el cumplimiento de dicho plazo. Sin embargo, el criterio de la administración competente, tajante en este aspecto, es el de considerar que los plazos establecidos entre ambas dosis de vacuna deben cumplirse de manera taxativa, de forma que si se excede en un solo día la administración de la segunda dosis, debe reiniciarse el proceso.

No obstante, debemos traer aquí a colación un elemento a tener en cuenta y que citaremos a lo largo de este estudio, como es la validez terapéutica establecida por el fabricante de la vacuna utilizada.

Así, lo razonable es entender que si el protocolo de primovacunación establecido por el fabricante fijase un lapso de tiempo inferior a treinta días entre la primera y la segunda dosis, deberá seguirse dicha pauta (por ejemplo hay vacunas que establecen la necesidad de administrar dos dosis separadas por quince días, por tanto debe prevalecer este plazo para considerar que el animal está correctamente vacunado).

b. Revacunación periódica.

Mayor complicación reviste la interpretación de la expresión “Anualmente deberá realizarse una revacunación”, con la que la norma que analizamos fija la periodicidad con que la obligación de vacunación antirrábica debe cumplirse una vez realizada la primovacunación del animal

Del término “anualmente” cabe inferir sin duda que el animal debe vacunarse todos los años – esto es obvio-, pero poco más. Es decir, la norma tan solo establece una obligación de cumplimiento periódico (anualmente = una vez al año), pero en ningún momento establece criterio ni referencia alguna para el cómputo del momento exacto (fecha o rango de fechas) en que dicha obligación debe ser cumplida.

Dicho de otra forma: aunque es frecuente interpretar la norma en el sentido de que la revacunación anual debe realizarse antes del transcurso de un año a contar desde la última vacunación, esto no es lo que expresamente dice la norma.

Ante esta dificultad interpretativa, motivada por la falta de claridad del literal del texto analizado, lo lógico – en aras de una interpretación razonable, desde un punto de vista estrictamente jurídico -, es discernir cuál es el verdadero espíritu e intencionalidad de la norma.

En este sentido, dice el Artículo 3 del Código Civil: 1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas).

Ya se ha dicho que la regulación normativa de esta obligación sanitaria, persigue alcanzar un determinado nivel de inmunidad contra la rabia en los animales residentes en una zona de riesgo como es Andalucía; por tanto, es obvio que la solución a este dilema interpretativo debe venir amparada por un criterio que, respetando la periodicidad establecida – “anualmente” – garantice el resultado pretendido por la norma, pero sin que – bajo nuestro punto de vista -, dicho criterio sea excesivamente rigorista.

En definitiva, a efectos prácticos y partiendo de la base de que, como se ha dicho, la periodicidad de revacunación se establece mediante un criterio temporal o de plazos, trataremos de determinar el margen temporal admisible para diferenciar los casos de cumplimiento o incumplimiento de la norma, teniendo en cuenta que la inobservancia de la obligación de administrar tratamientos obligatorios es sancionable.

Recordemos además que la tipificación de dicha infracción se establece de forma genérica – “…no realizar las vacunaciones…”-, sin establecer un criterio que determine el momento en que ha de entenderse producida la infracción.

Sin duda la referencia a la que podemos acudir para llegar a tal determinación, es la del efecto terapéutico de la vacuna administrada, y ello porque muchas de las vacunas actualmente en el mercado, contienen un plazo de validez terapéutica superior a un año; por tanto, ciñéndonos siempre a las indicaciones del fabricante, la inmunidad del animal no debería verse comprometida mientras no se sobrepase el plazo determinado por el fabricante.

Con ello se alcanza la finalidad prevista por la norma.

NOTA: Téngase en cuenta además que este es el criterio seguido por el

Por tanto, se entenderá cumplida la obligación de revacunación anual de rabia establecida por la Ley 11/2003 y la Orden de 19 de abril de 2010, siempre que se cumplan estos dos requisitos:

• Que el animal se vacune todos los años.
• Que no se sobrepase el plazo de validez terapéutica de la vacuna administrada con anterioridad (el año anterior).

El incumplimiento de cualquiera de estas dos condiciones determinaría la comisión de la infracción tipificada en el artículo 10 b) de la Orden de 19 de abril de 2010, a la que, según lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 11/2003, corresponde una sanción de entre 501 y 2.000 euros.

Incumplimiento de la pauta vacunal. Primovacunación.

Por último queda por determinar qué ocurre en los casos de incumplimiento de la obligación de revacunación anual. En concreto: ¿cuándo hay que proceder a la primovacunación?

En este sentido debemos tener en cuenta dos aspectos:

– En primer lugar, la Orden de 19 de abril de 2010, no establece ninguna norma expresa a tal respecto.

Sin embargo, atendiendo de nuevo al criterio de validez terapéutica establecido por el Reglamento (UE) nº 576/2013 del Parlamento – que dispone que habrá de recurrirse a realizar una primovacunación cuando se haya sobrepasado el plazo de efecto terapéutico de la última vacuna administrada-, parece que lo razonable (al menos desde un punto de vista estrictamente jurídico) es entender que, sobrepasado el plazo de validez terapéutica de la última vacuna administrada, debe procederse a la primovacunación del animal.

NOTA: En este sentido reiteramos la necesidad de que los animales residentes en Andalucía, se ajusten a también las prescripciones del Reglamento UE 576/2013, en previsión de posibles desplazamientos. Por ello, es importante precisar que cuando la validez terapéutica de la última vacuna administrada sea de un año, debe procederse a la primovacunación cuando se sobrepase dicho plazo.

– En segundo lugar, debe quedar claro que la obligación de proceder a la primovacunación del animal, es independiente de la infracción por incumplimiento de la revacunación anual. Es decir, puede haber supuestos en los que producida tal infracción (por no realizar la revacunación en un determinado año natural), no sea necesario proceder a la primovacunación por no haberse excedido el plazo de validez terapéutica de la vacuna (nunca al contrario).

Por tanto, debe procederse en todo caso a la primovacunación del animal cuando se haya sobrepasado el plazo de validez terapéutica de la última vacuna administrada.

En cuanto a la forma de llevar a cabo la primovacunación, y ante el silencio de la Orden de 19 de abril de 2010, parece que lo razonable es seguir igualmente el criterio establecido por el Reglamento UE 576/2013, administrando una o dos dosis, según disponga el fabricante de la vacuna.

No obstante lo anterior, si bajo criterio veterinario, el lapso de tiempo transcurrido desde la última vacunación se considera excesivo, pueden administrarse dos dosis independientemente de las indicaciones del fabricante.

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